El rector de la UNNE habló de la suspensión por parte de Milei de la ley para sostener la educación superior pública y aseguró que la situación de casa de altos estudios es “compleja”.
El rector de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Omar Larroza, se refirió a la situación generada tras la promulgación —y posterior suspensión— de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley N.º 27795), por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
Durante una entrevista con LT 7, Larroza sostuvo que el presupuesto enviado por el Ejecutivo “no satisface las necesidades del sistema universitario”, ya que mantiene para 2026 las mismas partidas que en 2025, sin contemplar la inflación ni las actualizaciones previstas por la ley. “Ni siquiera está presupuestado el 10 % que el propio Gobierno reconoce”, advirtió.
La decisión presidencial de suspender la norma, publicada el pasado 20 de octubre en el Boletín Oficial, motivó una reunión extraordinaria del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), donde las rectoras y rectores resolvieron iniciar acciones judiciales para exigir el cumplimiento de la ley.
“Estamos de acuerdo en exigir su cumplimiento, pero aún analizamos la vía judicial. No queremos una postura confrontativa, sino responsable, que nos permita encontrar soluciones”, señaló Larroza, quien insistió en “agudizar la inteligencia y la capacidad de diálogo para salir de este momento”.
El rector de la UNNE describió un “escenario muy complejo” para el sistema universitario, con presupuestos prorrogados que no cubren las necesidades básicas de funcionamiento y afectan directamente los salarios, que representan el 90 % de los recursos universitarios.
En el caso de la UNNE, Larroza explicó que la institución trabaja sobre ejes prioritarios para garantizar la docencia, el apoyo estudiantil y el pago de servicios esenciales, aunque reconoció que varias obras de infraestructura mayor debieron ser postergadas. Aun así, destacó avances tecnológicos y de mantenimiento básico, en muchos casos sostenidos mediante alianzas con municipios y gobiernos locales.
“No queremos que al país le vaya mal. Lo que pedimos representa apenas el 0,10 % del presupuesto nacional. Es una cuestión de decisión política y de racionalidad. Las universidades públicas somos parte de la solución, no del problema”, remarcó.
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