El Consejo Interuniversitario Nacional y 49 universidades públicas de todo el país promovieron una acción judicial contra el Poder Ejecutivo.
En una decisión sin precedentes, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con 49 universidades nacionales, presentó una acción de amparo ante la Justicia Contencioso-Administrativa Federal para exigir al presidente Javier Milei el cumplimiento efectivo de la ley de financiamiento universitario, que fue promulgada pero suspendida mediante decreto por el Poder Ejecutivo.
El abogado constitucionalista Pablo Manili, patrocinante de la acción, explicó, en diálogo con el programa radial Dialogando, que se trata de “una situación inédita en la historia argentina”, ya que “es la primera vez que un presidente se niega a cumplir una ley debidamente sancionada y promulgada por el Congreso”.
“El presidente tiene una sola facultad: promulgar la ley y cumplirla. No puede suspenderla ni ejercer un control sobre su contenido”, afirmó Manili.
Según detalló el abogado, esta medida judicial se suma a una serie de conflictos similares, dado que el Ejecutivo también suspendió otras dos leyes sancionadas por el Congreso: la ley de emergencia en discapacidad y la ley de emergencia pediátrica.
El amparo colectivo fue firmado por el CIN, los rectores y docentes de las universidades nacionales, quienes solicitan a la justicia que ordene al Ejecutivo restablecer la vigencia de la ley y actualizar las partidas presupuestarias destinadas a funcionamiento y salarios.
“Las universidades públicas están operando con presupuestos congelados desde 2023, con una pérdida del 80 % en funcionamiento y del 40 % en los sueldos docentes”, advirtió Manili.
El constitucionalista remarcó que el reclamo no implica un gasto nuevo, sino la actualización de partidas presupuestarias conforme al incremento de la recaudación y la inflación.
Además, el recurso judicial incluye una medida cautelar con habilitación de día y hora, que busca una resolución urgente por parte del juzgado sorteado en la Ciudad de Buenos Aires.
“Confiamos en la independencia y el coraje del Poder Judicial para restablecer el orden constitucional. Lo que se pide es simple: que el presidente cumpla con la ley”,
concluyó Manili.
El caso marca un hecho inédito en la historia democrática argentina y abre un nuevo capítulo en la tensión entre el Gobierno nacional y el sistema universitario público.
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