La medida abarca seis provincias y busca frenar delitos como contrabando y trata de personas.
El Ministerio de Seguridad implementó el Plan Paraná, que busca fortalecer la vigilancia y el control en la Hidrovía Paraná–Paraguay, uno de los corredores fluviales más amplios y estratégicos de la región. La decisión se debe al avance de organizaciones criminales transnacionales que utilizan esa vía para actividades de narcotráfico, trata de personas, contrabando y lavado de activos .
La iniciativa contempla el uso de radares, drones, cámaras térmicas, escáneres para contenedores y sistemas de vigilancia en tiempo real, además del fortalecimiento de un esquema de cooperación interagencial en los ámbitos nacional e internacional.
Entre las metas principales, se incluyen la desarticulación de redes de contrabando y crimen organizado en la frontera fluvial norte (que involucra a las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones), el refuerzo de los controles en puertos públicos y privados del tramo sur, especialmente en Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, y la intensificación del trabajo conjunto con organismos multilaterales y agencias extranjeras como EUDA, ONUDD, DEA y CICAD-OEA, especializadas en la lucha contra el narcotráfico.
El despliegue se organizará en fases definidas según polígonos de intervención a lo largo de la vía fluvial. El primero irá desde Puerto Bermejo, Chaco, hasta Corrientes; el segundo abarcará Corrientes, Resistencia y Bella Vista; el tercero se extenderá entre Bella Vista y La Paz (Entre Ríos); el cuarto irá desde La Paz hasta Paraná; el quinto desde Paraná hasta San Nicolás (Buenos Aires); y el sexto cubrirá el tramo entre San Nicolás y Paraná Guazú. La autoridad de aplicación podrá agregar nuevos sectores de acción según la evolución delictiva.
El plan también prevé la participación de las fuerzas policiales de las provincias involucradas, que podrán nombrar enlaces, y la articulación con organismos como Aduanas, AFIP, Migraciones y otros entes competentes. Además, se invita al Ministerio Público Fiscal de la Nación y a las procuradurías provinciales a designar representantes para agilizar los canales institucionales de comunicación.
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