La medida se extenderá por 48 horas y se iniciará el jueves en todo el país.
Los docentes universitarios agrupados en la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) realizarán un paro nacional de 48 horas el jueves 27 y el viernes 28. La protesta reclama una mejora salarial y el envío de los fondos, que, según los sindicatos, corresponden a las universidades públicas en el marco de la ley de financiamiento universitario.
La medida fue respaldada por distintos sindicatos del sector, entre ellos Feduba, y se produce mientras continúa el conflicto por la aplicación de esa norma. La ley había sido ratificada por el Congreso después del veto del presidente Javier Milei, pero su cumplimiento todavía genera una disputa entre las universidades, los sindicatos y el Gobierno nacional.
Uno de los principales reclamos está relacionado con el presupuesto. Las universidades sostienen que no están recibiendo las partidas previstas por la legislación, pese a que existen decisiones judiciales que ordenan avanzar con su cumplimiento, consignó Ámbito. La falta de esos recursos afecta tanto el funcionamiento cotidiano de las instituciones como el de salarios y becas para estudiantes.
El otro eje de la protesta es la situación de los trabajadores. Los sindicatos cuestionan que los aumentos otorgados en los últimos meses hayan sido definidos sin una nueva negociación paritaria y aseguran que quedaron por debajo de la inflación.
Según sus estimaciones, desde diciembre de 2023, los docentes perdieron cerca de un tercio de su poder adquisitivo y necesitarían una suba superior al 50 % para recuperar el nivel salarial de ese momento.
El impacto, según las organizaciones sindicales, es todavía mayor entre quienes tienen cargos de dedicación simple o semi-exclusiva, aunque también alcanza a los docentes con dedicación exclusiva. A esto se suma otra preocupación: la salida de profesionales e investigadores con formación de posgrado hacia el sector privado o instituciones del exterior, donde encuentran mejores condiciones de ingresos.
Con la implementación de la ley de financiamiento universitario todavía pendiente, los sindicatos anticiparon que podrían ampliar las medidas de protesta si el Gobierno nacional no ofrece respuestas a sus reclamos.
Vale recordar que el viernes pasado, el conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales tuvo una nueva instancia en los tribunales. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.° 11, convocó al Gobierno nacional y a representantes del sistema universitario a una audiencia para intentar acercar posiciones y avanzar en una salida a la disputa por la aplicación de la Ley 27795.
La reunión fue impulsada a partir de un pedido de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y se desarrolló con la participación del Ejecutivo y del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Aunque el CIN había planteado reparos frente a la convocatoria y reclamado que se avance directamente con el cumplimiento de la medida cautelar vigente, finalmente confirmó que concurrirá.
El encuentro llegó en un momento de fuerte tensión entre las universidades y la Casa Rosada. Los sindicatos docentes y nodocentes mantienen una medida de fuerza nacional con el reclamo puesto en la aplicación de la ley de financiamiento universitario y en la recomposición salarial.
Uno de los puntos centrales que se trató fue el cumplimiento de la cautelar que quedó firme luego de la intervención de la Corte Suprema y que obliga al Estado nacional a avanzar con disposiciones vinculadas con la actualización de los salarios universitarios y las becas estudiantiles.
La UBA también planteó la necesidad de discutir otros componentes del financiamiento, entre ellos los recursos destinados a hospitales universitarios, gastos de funcionamiento y partidas para ciencia y tecnología.
La disputa tiene como eje la Ley 27795, sancionada por el Congreso en 2025, que estableció mecanismos de recomposición del financiamiento universitario.
Frente a la falta de aplicación de distintos puntos de la norma, las universidades recurrieron a la Justicia y el conflicto derivó en distintas presentaciones y medidas cautelares.
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